Izquierda Unida-Verdes rechaza el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur

 

La formación apoya la agricultura y ganadería social y profesional, la soberanía alimentaria y está en contra los recortes de la PAC para financiar el rearme 

Izquierda Unida-Verdes ha manifestado su rechazo firme al Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), por considerar que constituye una nueva vuelta de tuerca en un modelo económico que antepone los beneficios de las grandes corporaciones a los derechos de los pueblos, del medio rural y del planeta.

El acuerdo UE–Mercosur es fruto de más de dos décadas de negociaciones opacas y responde a una lógica neoliberal de desregulación y competencia salvaje que amenaza la agricultura social y profesional, la ganadería extensiva, la soberanía alimentaria, los derechos laborales y la protección ambiental, señalan desde la formación.

La eliminación de aranceles y mecanismos de protección someterá a los productores europeos a una competencia desleal con países cuya normativa sanitaria, laboral y ambiental es muy inferior a la europea, favoreciendo al agronegocio y precarizando aún más el campo.

Diversas organizaciones agrarias europeas y estatales han advertido que este tratado permitirá la entrada masiva de carne, azúcar, miel, legumbres y otros productos elaborados bajo condiciones que en Europa son ilegales: uso masivo de fitosanitarios y hormonas, estándares laxos de trazabilidad y control, y vulneración del bienestar animal. Sus consecuencias directas serían la caída de precios, el cierre de explotaciones familiares y la destrucción de empleo rural, afectando a la cohesión territorial y al tejido económico de amplias zonas del país.

Además, la Unión Europea avanza hacia este acuerdo en paralelo a los recortes de la Política Agraria Común (PAC), que se pretende reducir drásticamente mientras se multiplican los fondos destinados al rearme y la industria militar. Esta orientación política, contraria al espíritu fundacional de la UE, prioriza los intereses de los mercados y la militarización sobre el derecho a producir y consumir alimentos sanos, cercanos y justos.

El modelo de agricultura y ganadería social y profesional es esencial para garantizar precios justos, empleo digno, relevo generacional y futuro para el medio rural. Estas actividades cumplen una función pública irrenunciable: fijan población, conservan el medio ambiente, cuidan el paisaje agrario, previenen incendios y salvaguardan los servicios ecosistémicos que sostienen la vida. Frente a ello, el tratado UE–Mercosur supone un ataque directo a la transición agroecológica europea, al contradecir los principios de la estrategia “De la Granja a la Mesa” y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, que reconoce el derecho a vivir dignamente de la tierra y a decidir sobre los alimentos que producimos y consumimos.

Mientras algunas fuerzas políticas europeas y estatales miran hacia otro lado, Izquierda Unida ha encabezado el trabajo de denuncia y oposición a este acuerdo injusto, logrando un pronunciamiento unánime de los eurodiputados de parte de la izquierda europea para llevar el tratado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en defensa del interés público, la soberanía alimentaria y la justicia social. Esa labor demuestra que hay otra forma de entender Europa: desde la cooperación, la sostenibilidad y el respeto a los pueblos y al planeta, no al servicio del capital multinacional.

No podemos permanecer ajenos a una decisión que afecta de forma tan directa al campo, a la economía local y al futuro de nuestro territorio. Necesitamos una Política Agraria Común fuerte, dotada de recursos suficientes y orientada al apoyo de la agricultura social y familiar, al relevo generacional, al empleo digno y al mantenimiento de la población en el medio rural.

Así, IU-Verdes rechaza los recortes de la PAC derivados de la orientación belicista del presupuesto europeo, así como el desvío de fondos agrarios para el rearme, por considerarlos contrarios a los principios de soberanía alimentaria y justicia territorial. Y, apoyamos las movilizaciones del sector agrario en defensa de precios justos, condiciones dignas y un futuro sostenible para el campo