El Gobierno impugna el acuerdo que impide rezos musulmanes en polideportivos de Jumilla

 

El requerimiento, presentado por la delegada del Gobierno en Murcia y coordinado con los ministerios de Justicia y Política Territorial, sostiene que la normativa permite la utilización del polideportivo para actividades socioculturales, por lo que entiende que “las razones objetivas esgrimidas no se sustentan” 

 

El Gobierno de España ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla para que anule la moción aprobada la semana pasada que prohíbe el uso de las instalaciones municipales deportivas para actos de la comunidad musulmana, porque entiende que atenta “contra la libertad religiosa”. Según ha informado la agencia EFE y han explicado fuentes del Ejecutivo, el requerimiento, presentado por la delegada del Gobierno en la Región de Murcia, Mariola Guevara, y coordinado con los ministerios de Justicia y Política Territorial, sostiene que la normativa permite la utilización del polideportivo para actividades socioculturales, por lo que entiende que “las razones objetivas esgrimidas no se sustentan”.

Para el Ejecutivo, “se restringe de forma arbitraria” una celebración que se venía realizando desde hace años, vulnerando el derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana. “La verdadera intención discriminatoria del acuerdo se puede observar tanto en el texto original como en las declaraciones del portavoz de Vox, que se ha jactado de prohibir festividades musulmanas”, explica el Gobierno.

Por tanto, Moncloa considera evidente que lo ocurrido es “una nueva vulneración de derechos y libertades fundamentales por parte de gobiernos locales y autonómicos de la derecha y la ultraderecha donde tiene que intervenir el Gobierno de España en favor de la Constitución”. “Ya impedimos la legalización del chantaje emocional a las mujeres que deseaban abortar en Castilla y León, o la censura en las aulas en Murcia”.

“Y ahora mantenemos nuestro compromiso de defender la Constitución, los valores democráticos y la convivencia. Combatiremos política y jurídicamente cualquier iniciativa que intente ir minando los derechos y libertades e introducir a España en una dinámica autoritaria, en línea con otros países donde la ultraderecha ha ocupado posiciones de gobierno”, ha explicado el Ejecutivo.

En rueda de prensa, Mariola Guevara ha explicado que ahora el ayuntamiento tiene un mes para contestar al requerimiento del Gobierno. En el caso de que el consistorio no atienda la petición, “el próximo paso”, ha dicho Guevara, será “lo que nos determinarán los servicios jurídicos y la abogacía del Estado”.