La Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia exige medidas para la protección de las personas refugiadas ante la vulneración de sus derechos
El pasado sábado se celebró el Día Internacional del
Refugiado, y por ello la
Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia, nos recuerda el incremento
de personas desplazadas en el mundo a causa de la persecución, el cambio
climático, las violaciones de los derechos humanos, los conflictos y la
violencia, lo que ha provocado que haya casi 80 millones de personas
desplazadas en el mundo.
Esta Coordinadora, junto
con otras organizaciones, demanda que las Administraciones Públicas abran los
ojos ante esta realidad y aporten soluciones efectivas y eficaces para la
protección de estas personas en situación de desplazamiento forzado. Entre 2018
y 2019 el número de personas desplazadas se ha incrementado en 8,7 millones de
personas.
Se estima que un 40% de
las personas refugiadas son menores de 18 años, con la consiguiente falta de
acceso a escolarización, el retraso en el crecimiento, la exposición a la
violencia y las agresiones y la malnutrición.
Moisés Navarro,
presidente de la Coordinadora murciana de ONGD señala que “La falta de vías legales y seguras abocó, un año más, a muchas personas
a recurrir a traficantes de seres humanos y a tomar rutas cada vez más
peligrosas y mortales”.
El Gobierno de España y
todos y cada uno de los gobiernos autonómicos deben ser conscientes de esta
necesidad y aportar los recursos que sean necesarios para garantizar la
protección de las personas refugiadas e impedir la violación de sus derechos,
reclama Moisés Navarro, quien resalta que “En
España, la pandemia COVID-19 ha provocado la paralización de los trámites para
solicitar protección internacional, impidiendo a las personas poder hacer uso
de este derecho”.
También exige el
cumplimiento de las leyes internacionales de asilo y refugio, que se
establezcan rutas legales y seguras para el desplazamiento de las personas y se
cumpla rigurosamente el tratado de comercio de armas, el establecimiento y
dotación de recursos a los sistemas de acogida para la población refugiada y el
respeto a los derechos humanos (tanto en las fronteras como en los países de
tránsito o destino).
Por último, Navarro pide
al gobierno autonómico que exija al ejecutivo estatal que se atiendan las
responsabilidades asumidas.
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