VOX solicitará la derogación de la Ley de Residuos y suelos contaminados para una economía circular

 

El grupo municipal VOX presenta al el Pleno de este mes un Moción para pedir al Gobierno local que inste al Gobierno de España a que realice los trámites para que se proceda a la derogación de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Así mismo, también solicita al gobierno municipal que, en el caso de que se tenga que proceder obligatoriamente a la implantación de la nueva Tasa de Residuos, sean estudiadas las alternativas  de VOX para minimizar el impacto económico de la aplicación de la tasa sobre los vecinos del municipio.

Estas alternativas son:

Elaboración de un proyecto de aplicación para el establecimiento de una tasa justa y proporcional que contemple el número de habitantes por vivienda, actividad económica (residencial, comercial, industrial) y metros cuadrados o volumen de residuos generados.

Incluir en el proyecto de aplicación de bonificaciones fiscales por participar en programas de reciclaje, familias numerosas o que tengan personas con discapacidad, propietarios de establecimientos de comercio tradicional, ayudas económicas para fomentar el compostaje doméstico o comunitario, fomentar el uso de máquinas de compostaje que procesan los desechos de la cocina y los convierten en fertilizante orgánico.

Informar a los vecinos sobre los beneficios y bonificaciones que pueden obtener gracias a su colaboración en el depósito de residuos.

Compensaciones fiscales en otros impuestos, como la reducción de impuestos municipales (IBI o el Impuesto sobre Actividades Económicas), para compensar la carga económica de la tasa de basuras.

Estudiar propuestas de financiación: subvenciones del Gobierno, fondos europeos (Next Generation), colaboraciones público-privadas, aportaciones municipales y convenios de colaboración con instituciones regionales.

Según VOX, la Ley 7/2022, de 8 de abril, sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular, establece obligaciones para los ayuntamientos en la gestión de residuos, pero también permite margen de actuación para minimizar el impacto económico sobre los ciudadanos.